Cuando en Europa se dictan al año 120.000 órdenes de protección para mujeres amenazadas, que contribuyen a evitar que se dispare el número de víctimas fatales de la violencia machista, y cuando, consciente de la lacra social y el drama humano que supone la violencia contra las mujeres, la Presidencia española toma la bandera de la protección de las mujeres a nivel europeo y recibe el apoyo de 16 países de la UE...entonces la comisaria Reding se pone una venda en su ojo político y se enzarza en un debate sobre si el artículo aplicable del Tratado es el de la cooperación judicial civil o el de la cooperación judicial penal. ¿Son galgos o podencos, Sra Reding? y cuando llegue a la conclusión de que se trataba de mujeres, y de que lo que la población europea quiere es que Europa le facilite la vida y sea efectivamente un espacio de libertad, seguridad, justicia y de disfrute de derechos, constatará la esterilidad de su dilema.
La euroorden es una iniciativa prioritaria de la Presidencia española para la que cuenta con la mayoría de Estados miembros y del PE, es decir los colegisladores en la UE. Es inédito que la Comisión, cuya función primordial es la de propiciar el avance hacia la integración europea facilitando la adopción de medidas que concreten las cuatro libertades básicas de la UE y la creación de espacios comunes, se oponga con uno de esos argumentos que hace incomprensible a Europa, a una que responde a las inquietudes de la población y que entra de lleno en las competencias en materia de cooperación judicial atribuidas por los tratados. Europa gasta millones sin parpadear en el bienestar animal, y parece que ahora tiene problemas para garantizar el derecho elemental de las mujeres a su integridad y a la seguridad.
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