24 ENE 2011 12:52
Con la decisión de la Comisión Jurídica de que el Parlamento Europeo se persone junto a la Comisión y el Gobierno de España contra el recurso presentado por empresas gasísticas por el Real Decreto español de ayudas a las empresas eléctricas que utilicen carbón nacional, el Parlamento Europeo respalda de nuevo al carbón europeo y, en este caso, español.
Un carbón seguro (los accidentes en minas españolas son anecdóticos, y desde luego sin comparación con las de las minas de los países que exportan carbón a Europa) y limpio, (en todo caso, más que el importado dadas las altas las inversiones en teconologías de captura de CO2, y la cuota elevada de participación en el mix energético de energías renovables) que cumple un papel social y es fuente de crecimiento económico en varias regiones.
Tan limpio, seguro e importante socialmente que habría que crear una etiqueta europea para el carbón autóctono de la UE similar a la que garantiza a los consumidores la seguridad de otros bienes de consumo de nuestro mercado interior.
Son varios los obstáculos planteados por distintos motivos y desde distintas ortientaciones ideológicas. Desde las empresas gasísticas, por motivos económicos evidentes; los fundamentalistas del ecologismo, que no tienen en cuenta el hecho de que las energías renovables son autóctonas como el carbón, pero no garantizan el suministro energético porque son intrínsecamente intermitentes.
Además, estos últimos parecen desconocer que la no explotación de carbón nacional no significaría la desaparición del carbón del mix, sino la utilización de un carbón importado más emisor de CO2 que el nacional (porque hay que transportarlo en barcos y camiones emisores de CO2) y más sucio socialmente, hasta la derecha que apuesta por la nuclear despreciando el valor socioeconómico del carbón.
Uno de los activistas de este último grupo es el Vicepresidente del PE del PP y miembro de la Comisión de Industria, Alejo Vidal Quadras, que trató de obstaculizar la validación del Real Decreto español a través de una carta al comisario de Energía, alentándole explicitamente a considerar el Real Decreto español como no acorde con el derecho europeo.
Pese a todo ello, el Real Decreto español fue validado por la Comisión en septiembre y ahora es respaldado también, en los tribunales, por el PE. El Real Decreto se considera además coherente con la reciente renovación por las tres instituciones de un Reglamento europeo de ayudas al carbón.
Y este apoyo masivo al carbón español es lógico y políticamente responsable. En primer lugar, porque se trata de garantizar la seguridad del suministro de electricidad de un país que como España no está aún plenamente interconectado con los grandes mercados de electricidad.
El Real Decreto y, además, evidentemente, es conforme con el derecho europeo de la competencia, porque las compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono no da lugar a una sobrecompensación de los costes soportados por los productores de electricidad y porque los volúmenes de electricidad afectados por el Real Decreto equivalen aproximadamente al 9% del consumo nacional, un porcentaje inferior al límite del 15% establecido en la legislación europea.
Estas ayudas a la utilización de carbón nacional español es similar a regímenes de compensación por servicio público aprobadas en otros países europeos en el ámbito del carbón y otros combustibles autóctonos como el lignito pardo o la turba en Austria, Irlanda
o Eslovenia.
En todo caso, el enfoque de las ayudas y la lucha por la supervivencia del carbón autóctono europeo no debe ser solo técnico o jurídico, sino de gran calado político. Y ese es el valor añadido aportado por el Parlamento Europeo, con los socialistas de nuevo a la cabeza, con la decisión de seguir defendiendo las medidas de ayuda en las instancias judiciales.
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